Nombre del autor:Alfredo Vidal

Fecode convocó a una jornada de movilización en la que docentes de todo el país marcharán para exigir al Gobierno Nacional respuestas a su pliego de peticiones. Entre las principales exigencias del magisterio están el fortalecimiento del sistema de salud para los maestros, la estabilidad laboral y mayores inversiones en infraestructura y calidad educativa. La Federación hace un llamado a docentes, estudiantes, padres de familia y ciudadanos a unirse en defensa de la educación pública y los derechos laborales del magisterio. “El Gobierno debe entender que la educación no puede seguir siendo postergada. Necesitamos recursos, garantías y respeto a nuestro trabajo”, indicó uno de los voceros sindicales. El pliego que será entregado incluye demandas como mayores recursos para mejorar las instalaciones escolares, entrega de material educativo, ampliación de procesos de formación docente y rechazo a iniciativas de privatización. También exigen una solución urgente a la crisis del sistema de salud del magisterio, que afecta a miles de trabajadores en todo el país. La jornada del 31 de marzo se realizará en todas las capitales departamentales, con una movilización central en Bogotá, donde se esperan posibles afectaciones en la movilidad. Las autoridades preparan dispositivos de acompañamiento y seguridad para garantizar el desarrollo pacífico de la protesta.

Lanzaron este lunes una alerta nacional por el deterioro progresivo del sistema de salud en Colombia, advirtiendo que la crisis compromete gravemente el derecho a la vida, la salud y la dignidad de millones de ciudadanos. En un comunicado oficial, la entidad encabezada por Iris Marín Ortiz pidió acciones al Gobierno para mitigar el impacto de la falta de atención oportuna, el desabastecimiento de medicamentos y la situación en la red hospitalaria. Según la Defensoría, en 28 departamentos del país se han reportado afectaciones en la atención médica, especialmente en zonas rurales y centros urbanos con alta demanda. “Los retrasos en tratamientos, las autorizaciones bloqueadas y el incumplimiento en pagos a profesionales de la salud configuran un escenario crítico que no puede ser ignorado”, señaló la defensora Marín Ortiz. Además, pidió garantizar el acceso efectivo a servicios médicos de urgencia y continuidad en tratamientos crónicos. La entidad también informó que en lo corrido del año ha recibido más de 7.500 quejas ciudadanas por fallas en el sistema, lo que refleja preocupaciones sobre el funcionamiento de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). La Defensoría instó al Ministerio de Salud a activar un plan de contingencia y reforzar los mecanismos de supervisión y vigilancia del sistema. Finalmente, la Defensoría señaló que llevará esta situación ante instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), si no se adoptan medidas. El llamado fue respaldado por varias asociaciones médicas, que proponen un diálogo nacional para buscar soluciones a la situación.

Este lunes comenzó el paro minero en Segovia, Remedios y Zaragoza, Nordeste de Antioquia, en protesta por la difícil situación de orden público que afecta a los trabajadores del sector. Cientos de mineros suspendieron sus actividades para exigir al Gobierno nacional mayores garantías de seguridad ante amenazas, extorsiones y hechos violentos atribuidos a grupos armados ilegales en la zona. La movilización fue convocada por el Sindicato de Trabajadores Mineros y respaldada por organizaciones sociales del territorio. En un comunicado, los líderes mineros señalaron que las recientes acciones de grupos al margen de la ley han generado víctimas, desplazamientos y un clima de inseguridad que afecta su labor. “Nos están matando, nos están extorsionando y nadie responde”, declaró un vocero en Remedios. Las protestas se han desarrollado sin incidentes, aunque las autoridades monitorean posibles bloqueos en vías estratégicas como la Troncal de la Paz. La Gobernación de Antioquia y la Defensoría del Pueblo activaron mesas de diálogo para recoger las demandas de los manifestantes. Se prevé una visita del Ministerio del Interior para evaluar la situación de seguridad en la región. El Nordeste antioqueño registra presencia de grupos armados como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y estructuras de delincuencia común. Según reportes locales, esta situación ha afectado la minería artesanal y tradicional, actividad clave para la economía de miles de familias en la zona.